Una persona presentó una denuncia contra un Juez por «la desatención y el notorio retraso sufrido en el procedimiento, que se demoró sin justificación alguna durante 24 meses, habiéndole llevado tres años y un mes la resolución de un sencillo procedimiento de reclamación de obligación de hacer».
El Consejo General del Poder Judicial acordó archivar la denuncia.
La ciudadana presentó un recurso ante el Tribunal Supremo, quien dictó Sentencia con fecha 3 de mayo de 2012 desestimándolo y «declarando la falta de legitimación de la parte actora porque el éxito de esa pretensión de la demanda no produciría en principio ningún efecto favorable en su esfera jurídica en el proceso ni tampoco en las actuaciones jurisdiccionales a las que se refiere la denuncia presentada ante el Consejo General del Poder Judicial, pues la eventual sanción que pudiera ser impuesta, por sí sola, no le originaría ventaja alguna ni le eliminaría ninguna carga o inconveniente».